[La comparecencia de Putin, el pasado martes 20 de septiembre, convocando a la guerra contra Ucrania a 300.000 reservistas ha provocado importantes reacciones entre la población rusa. Por una parte, un gran número de personas, especialmente entre los reservistas, pero no solo, está huyendo de Rusia. Por otra parte, a pesar del elevado riesgo de sufrir elevadas penas de prisión, que desde el inicio de la guerra pueden alcanzar 15 años, y de ser incluidas entre las reservistas destinadas a los frentes de guerra, han tenido lugar manifestaciones en un gran número de ciudades, en las que se han elevado consignas tales como el “No a la guerra” y “Putin a las trincheras”, a la vez que se ha gritado que “La Policía es la vergüenza de Rusia”. Solo en los dos primeros días la participación en esas manifestaciones ha dado lugar a más de 1.300 personas detenidas.

Por otra parte, en relación estrecha con el tema que se desarrolla ampliamente en el artículo de Daria Saburova que publicamos a continuación, se han convocado referéndums por las autoridades designadas por Moscú en Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jerson, a celebrar entre el 22 y el 27 de septiembre para decidir la unión a Rusia. Obviamente esos referéndum no cumplen ningún mínimo democrático, ya que se realizan bajo control militar, sin ninguna posibilidad de que se exprese y defienda públicamente en los territorios ocupados ninguna opción diferente a la unión a Rusia y con unos censos absolutamente incontrolados, tal como se explica aquí. Además, una parte no pequeña de esos territorios se encuentra bajo control ucraniano. Su función es defender que una vez producida la anexión legal a Rusia de esos territorios, quienes participen o colaboren en ataques militares contra los mismos están atacando a Rusia y ello justificaría la utilización de cualquier medio de defensa contra la patria rusa, incluyendo las armas nucleares. Con las lógicas incertidumbres sobre hasta dónde está dispuesto a llegar Putin, del que se están distanciado gobiernos amigos como los de India, China y Turquía. Como se explica en este artículo, la elevación del tono de las amenazas en este caso puede ser un síntoma de debilidad, si bien es cierto que el aumento de las dificultades del Kremlin, no solo internacionales sino también internas, aumenta el riesgo de que Putin opte por las alternativas más criminales y ello aunque la población rusa pueda ser una de las primeras víctimas. NdE.]

"Creer que la revolución social sea concebible sin insurrecciones de las pequeñas naciones en las colonias y en Europa, sin explosiones revolucionarias de una parte de la pequeña burguesía con todos sus prejuicios, sin un movimiento de las masas proletarias y semiproletarias políticamente inconscientes contra el yugo señorial, clerical, monárquico, nacional, etc., es repudiar la revolución social. Es imaginar que un ejército tomará posición en un lugar determinado y dirá 'Estamos por el socialismo', y que otro, en otro lugar, dirá 'Estamos por el imperialismo', ¡y que entonces será la revolución social! [...] Cualquiera que espere una revolución social “pura” no vivirá para verla. Sólo es un revolucionario de palabra que no entiende nada de lo que es una verdadera revolución".Lenin, “Balance de una discusión sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación” (1916)

I/ De la anexión de Crimea a la guerra en el Donbáss

¿Guerra civil o guerra de agresión?

El 27 de febrero de 2014, pocos días después de la caída de Yanukovich como consecuencia de la revolución de Maidán, un grupo de personas armadas tomó el control del Parlamento y del Consejo de Ministros en Crimea. Al día siguiente, los pequeños hombres verdes, soldados vestidos con uniformes militares sin distintivos, tomaron los aeropuertos de Sebastopol y Simferopol, así como otros lugares estratégicos de la península. Más de dos tercios de las tropas ucranianas estacionadas en Crimea y el 99% del personal de seguridad se pasaron al bando ruso (Stepaniuk, 2022: 90). Apenas tres semanas después, tras un referéndum organizado apresuradamente, Putin firmó la anexión de Crimea a la Federación Rusa (d'Anieri, 2019: 1).

En abril del mismo año, en el este de Ucrania, las fuerzas separatistas tomaron el control de los edificios administrativos de Donetsk, Luhansk y Járkov, y convocaron referéndums sobre la independencia de estas regiones. Aunque las autoridades ucranianas recuperaron rápidamente el control de Járkov, no pudieron recuperar las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk, y la contrarrevolución corrió el riesgo de extenderse a otras ciudades del sureste. El gobierno ucraniano respondió a la creación de las Repúblicas Populares de Donetsk y Luhansk (que declararon su independencia en mayo) lanzando una operación antiterrorista (ATO) con combates que duraron hasta febrero de 2015, fecha del acuerdo de Minsk II. Aunque este acuerdo contribuyó a una disminución significativa de la intensidad de los combates, conoció, como se sabe, el mismo fracaso que el primer acuerdo de septiembre de 2014. Antes de la invasión de febrero de 2022, la guerra ya se había cobrado más de 13.000 vidas y casi 2 millones de refugiados (Melnyk, 2022).

Las preguntas más frecuentes en relación con estos acontecimientos se refieren a la naturaleza del conflicto en Dombás y a la inevitabilidad de su expansión: ¿se trata de una guerra civil, de una guerra de agresión rusa contra Ucrania o de una guerra que podría calificarse de interimperialista? ¿Podría haberse evitado la continuación de la guerra en el Dombás y la invasión a gran escala de Ucrania si se hubieran aplicado efectivamente los acuerdos de Minsk?

Si se busca una respuesta puramente empírica a la primera pregunta, no cabe duda de que la guerra en Dombás puede calificarse de guerra civil, ya que una parte de los habitantes locales participaron realmente, primero, en las manifestaciones contra Maidán y, luego, en el movimiento separatista prorruso. El hecho de que las partes beligerantes puedan recibir ayuda externa no cambia la validez de esta calificación: de una u otra manera las guerras civiles generalmente implican una intervención externa. Sin embargo, en el ámbito político, esta cuestión supera rápidamente la dimensión de una simple cuestión empírica o teórica y se convierte en una cuestión partidista, porque es una cuestión de las responsabilidades respectivas, que a su vez determinan las posiciones políticas adoptadas con respecto al conflicto del Dombás (Marples, 2022: 2; Goujon, 2021: 79). Así, Putin siempre ha negado la participación militar de Rusia en el Dombás. El término guerra civil para describir lo que ocurre allí forma parte del arsenal ideológico de la propaganda rusa. Por otro lado, el término guerra civil está prohibido por las instituciones ucranianas y europeas, que sin embargo reconocen la participación de la población local en el movimiento separatista. La guerra en Dombás ha sido descrita desde 2014 (y oficialmente desde 2018) como una guerra de agresión rusa, no solo para enfatizar la participación militar de Rusia en una guerra civil que ya estaba en marcha, sino también, y sobre todo, por su papel decisivo en el desencadenamiento de la misma (Cherviatsova, 2022: 29). No se niega que la población local se haya unido a los separatistas, pero se les considera meras marionetas del Kremlin.

El movimiento separatista: ¿qué participación de Rusia?

En realidad, hay que reconocer que ambas dimensiones están presentes, y la cuestión debería ser más bien la relación entre las dos dimensiones del conflicto. Es cierto que el movimiento separatista no habría logrado afianzarse sin un mínimo de apoyo de las poblaciones locales o, más bien, sin la falta de apoyo al poder post-Maidán y a la operación de liberación de Dombás lanzada por el gobierno ucraniano en la primavera de 2014. No hay encuestas de opinión fiables sobre los territorios bajo control separatista. Pero hay que recordar que, en estos territorios, el Partido de las Regiones y su líder Yanukovich, él mismo oriundo de Donetsk, obtuvieron más del 80% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2010. Una gran parte de la población predominantemente rusófona se considera étnicamente rusa, comparte sentimientos nostálgicos por la URSS –tanto en sus aspectos socioeconómicos positivos como en los aspectos social y políticamente conservadores– y toda la región depende económicamente de los vínculos con Rusia (Marples, 2022: 3-4).

Por tanto, los acontecimientos de 2014 pueden entenderse como la culminación de un proceso en el que, durante la década anterior, la identidad real y los clivajes económicos fueron invertidos e instrumentalizados políticamente por diferentes fracciones del capital ucraniano. La acentuación de estos clivajes permitió a cada fracción distinguirse en el juego electoral, relegando a un segundo plano las preocupaciones socioeconómicas y políticas comunes a las clases trabajadoras de todas las regiones de Ucrania. Esto no siempre fue así. El tema étnico-cultural y lingüístico de las dos Ucranias sólo cobró importancia política tras las elecciones de 2004 que opusieron a Viktor Yanukovich y Viktor Yuschenko. Al mismo tiempo, se asistió a la marginación del Partido Comunista como actor independiente en la vida política y entró en coalición con el Partido de las Regiones. A partir de 2004, la vida política ucraniana se estructurará permanentemente según la división entre, por un lado, el campo nacional-demócrata, liberal y pro-europeo, que reclama una identidad ucraniana occidental y, por otro, el campo paternalista, rusófilo y pro-ruso, que reclama una identidad ucraniana sur-oriental-ucraniana. Esta división también adopta la forma de una lucha por la memoria histórica: unos afirman formar parte del movimiento de liberación nacional con Bandera como héroe nacional, mientras que los otros hacen hincapié en la Gran Guerra Patria contra el fascismo. Cada campo desarrolla una imagen diabólica del otro: los ucranianos occidentales son estigmatizados como herederos de los colaboradores nazis, los ucranianos del este como nostálgicos del estalinismo responsable de la muerte de varios millones de ucranianos durante la hambruna de los años 30. Esta dinámica local va acompañada en el plano geopolítico por un aumento de las tensiones entre Rusia y Occidente, que acaban cristalizando de forma privilegiada en torno a la cuestión ucraniana (Gorbach, 2022).

Según los sondeos, la mayoría de la población de Dombás estaba contra de la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (55,2% no), y prefería la Unión Aduanera (64,5% sí). Según una encuesta realizada en diciembre de 2013, solo el 13% de los encuestados dijo que apoyaba al Euromaidán, mientras que el 81% dijo que no lo hacía (Risch, 2022: 10-11). La actitud mayoritaria de los residentes de Dombás hacia el Maidán oscilaba entre la indiferencia y la hostilidad, reforzada por el desprecio de clase que los pro-Maidán podían mostrar hacia ellos.

Sin embargo, el Maidán tenía el potencial de unir al país en torno a demandas comunes. Aunque fueron menos masivas, en el Dombás también hubo manifestaciones a favor de Maidán, contra la corrupción, los abusos del Estado policial y el disfuncional sistema legal, y a favor de los valores asociados a Europa (democracia, respeto a la ley, defensa de los derechos civiles y los derechos humanos, etc.). Pero este potencial se vio sofocado, por un lado, por la entrada en el movimiento de grupos de extrema derecha que sobredeterminaron el Euromaidán de Kiev con una agenda nacionalista y, por otro lado, por el esfuerzo de las autoridades locales del Este por desacreditar el movimiento (Risch, 2022; Diagtiar, 2014). Al igual que en Kiev, los representantes locales del partido gobernante respondieron formando milicias para intimidar, desacreditar y dispersar las protestas. Y al igual que en Kiev, organizaron y financiaron manifestaciones anti-Maidán/progreso. Por último, la radicalización de las manifestaciones en Kiev, que condujeron al derrocamiento del régimen, así como la derogación por parte del gobierno interino de la ley sobre las lenguas regionales aprobada dos años antes, reforzaron la creencia, transmitida por los medios de comunicación, de que los nacionalistas ucranianos traerían el desorden al Dombás, oprimirían a la población de habla rusa y, a través de la reorientación radical pro-europea del país, amenazarían los equilibrios socioeconómicos de la región.

Pero esto no significa que haya habido una amplia movilización popular a favor de la independencia de la región o de su adhesión a Rusia desde el principio, y que la crítica de Maidán se iba a convertir inevitablemente en una guerra civil. Las organizaciones separatistas y panrusas (República de Donetsk, Club de fans de Novorossiya, Bloque ruso, etc.) eran muy marginales antes de 2014. Hasta febrero de 2014, sus manifestaciones de condena del golpe fascista, sus llamamientos a defender la Iglesia Ortodoxa Rusa y la pertenencia de Dombás a Rusia sólo reunían a unas pocas docenas de personas (Risch, 2022: 17). La expansión del tema separatista fue más bien obra de las élites locales y de las fuerzas separatistas minoritarias respaldadas por Rusia, que supieron explotar el descontento popular generalizado con el nuevo gobierno. Las entrevistas con los habitantes de las regiones separatistas revelaban, sobre todo, una sensación de impotencia, un sentimiento de ser rehén de juegos geopolíticos que escapaban a su control, de resentimiento hacia todas las partes en conflicto y un profundo deseo de volver a la paz (Gritsiuk, 2020). El contraste es llamativo cuando se compara este bajo nivel de movilización popular con la actual resistencia de los ucranianos a la invasión rusa, con un 98% de los encuestados en los últimos sondeos que dan un fuerte apoyo al ejército ucraniano 1/.

Por lo tanto, se puede afirmar que sin la participación de Rusia, la desconfianza de la población de Dombás hacia la revolución de Maidán seguramente no se habría convertido en una guerra civil. En primer lugar, está el inmenso papel que desempeñó la propaganda rusa en el descrédito de Maidán como un golpe fascista orquestado por Estados Unidos. Los medios de comunicación rusos o controlados por las élites pro-rusas locales, principales fuentes de información para la población local, difundieron todo tipo de información falsa y rumores sobre el destino del nuevo gobierno de Kiev para la población rusófona: que los rusoparlantes serían despedidos de los puestos de trabajo en las instituciones públicas y las empresas, o incluso expulsados del país; que los banderistas vendrían al Dombás a sembrar el miedo y la violencia; que las minas del Dombás serían cerradas permanentemente y utilizadas por los países europeos para almacenar sus residuos radiactivos; que el mercado ucraniano sería inundado con alimentos genéticamente modificados; que Estados Unidos utilizaría a Ucrania como base para librar una guerra contra Rusia... Así, en la crisis política del invierno-primavera de 2013-2014, Rusia fue percibida cada vez más como garante de la paz y la estabilidad (Risch, 2022: 22-23).

Luego, está la implicación directa de los asesores del Kremlin como Surkov y Glazyrev, así como de las fuerzas especiales rusas, en las manifestaciones contra Maidán y en el levantamiento separatista bajo la bandera de la primavera rusa. Inicialmente fue dirigida por el ciudadano ruso Girkin-Strelkov, sustituido más tarde por el ciudadano de Donetsk Aleksandr Zakharchenko para dar más legitimidad al liderazgo de las nuevas repúblicas (Marples, 2022: 3).

Por último, a partir de junio de 2014, Rusia se implica en la guerra no sólo enviando armas pesadas a los separatistas locales, sino directamente con la participación de unidades del ejército ruso en los combates de Llovaisk en agosto de 2014, en Debaltsevo en febrero de 2015, etc. (Goujon, 2021: 80). Esta intervención militar se produjo en un momento en que el ejército ucraniano y los batallones de voluntarios estaban a punto de infligir una derrota decisiva a las fuerzas separatistas. Fue la entrada del ejército ruso en la guerra lo que invierte la relación de fuerzas, empujando al presidente ucraniano Poroshenko a iniciar el proceso de negociaciones y firmar el alto el fuego conocido como los acuerdos de Minsk.

¡Los acuerdos de Minsk: ¿una guerra evitable?

Por lo tanto, hay que recordar que los acuerdos de Minsk llegaron en una situación militar muy desfavorable para el gobierno ucraniano, en un momento en el que Rusia estaba revirtiendo la situación en el campo de batalla y amenazaba con continuar las conquistas territoriales en el este y el sur de Ucrania con la creación de un corredor terrestre desde Crimea hasta Transnistria. En ese momento, ya existía un temor real a una invasión a gran escala del país. Así pues, Ucrania se vio obligada a aceptar los términos de las negociaciones. Para Rusia, se trataba de encontrar la manera de mantener una influencia decisiva en la política interna y externa de Ucrania, porque con la pérdida de Crimea y parte del Dombás Ucrania había perdido también su voto más pro-ruso. Para asegurar el control sobre su antigua semicolonia, Rusia estaba más interesada en la reintegración de los territorios separatistas por parte de Ucrania bajo la condición de la federalización del país –ninguna decisión estratégica podría entonces tomarse sin el acuerdo de todos los miembros de la federación– que en reconocer su independencia o unirlos definitivamente a Rusia, lo que, sin embargo, deseaban los líderes separatistas.

Las negociaciones se celebraron en dos turnos: en septiembre de 2014 (Minsk I) y en febrero de 2015 (Minsk II). Los acuerdos de Minsk incluían varios puntos con un componente de seguridad (alto el fuego, retirada de armas pesadas, intercambio de prisioneros, restablecimiento de la frontera ucraniana) y un componente político (amnistía para los implicados en el movimiento separatista, reforma constitucional de Ucrania estableciendo un principio de descentralización del poder, reconocimiento de un estatus especial para las regiones de Luhansk y Donetsk, organización de elecciones locales). Ninguno de estos acuerdos se aplicó plenamente. Su fracaso se explica por el estancamiento de las negociaciones en la vía política. Ucrania exigió que las elecciones locales se organizasen de acuerdo con la legislación ucraniana y bajo la supervisión de instituciones internacionales independientes tras el desmantelamiento, y la retirada de todas las formaciones militares ilegales (fuerzas separatistas, mercenarios y ejército regular ruso) junto a la reanudación del control ucraniano sobre su frontera. Putin quería que el proceso comience con las elecciones locales y la reforma constitucional. El otro punto de desacuerdo se refería a la amnistía para los líderes de las repúblicas separatistas y al reconocimiento de un estatus especial para el Dombás. Este estatus implicaba que las regiones debían poder llevar a cabo una política económica, social, lingüística y cultural autónoma, nombrar a los fiscales y tener órganos judiciales independientes, así como formar sus propias milicias populares. El texto también sugería que el gobierno central contribuyera a reforzar la cooperación entre las regiones de Luhansk y Donetsk y Rusia. En concreto, el texto de los acuerdos pretendía legalizar el statu quo: los actuales líderes separatistas se convertirían en los representantes oficiales del poder ucraniano en los territorios ocupados, se mantendrían sus formaciones militares y tomarían oficialmente el control de la frontera ruso-ucraniana.

Como resultado, los acuerdos de Minsk fueron inaudibles para el público ucraniano. A lo sumo, proporcionaron una congelación temporal del conflicto. Estaba claro que, para Rusia, estos acuerdos pretendían ser un instrumento permanente de injerencia en los asuntos ucranianos, impidiendo al país llevar a cabo una política exterior e interior independiente. Además, estos acuerdos no aportaron ninguna solución a la cuestión de Crimea (Cherviatsova, 2022). La aplicación de estos acuerdos por parte del gobierno ucraniano habría provocado seguramente una nueva crisis política, un nuevo Maidán, esta vez dirigida por la parte más reaccionaria de la sociedad civil ucraniana. Desde el punto de vista de la realpolitik, siempre se podría decir que el gobierno ucraniano podría haber evitado la guerra haciendo concesiones a Rusia. Pero tal afirmación equivale a culpar a la víctima y a aceptar que las potencias imperialistas pueden dictar las condiciones de sumisión al pueblo bajo presión militar.

II/Vida política y social en Ucrania entre 2014 y 2022

Alternancia electoral y reformas neoliberales

En este contexto de guerra y estancamiento de las negociaciones, el mandato de Petro Poroshenko está marcado por la progresiva derechización de la política interior y el refuerzo del discurso militarista y nacionalista que responde a la demanda de la franja más radical de la sociedad civil post-Maidán. Poroshenko mostró la voluntad de hacer la guerra hasta recuperar Crimea, de seguir aumentando los presupuestos militares y de promover el ingreso de Ucrania en la OTAN. En abril de 2019, sin embargo, Volodimir Zelenski ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con más del 73% de los votos, y su partido Servidor del Pueblo, llamado así por la serie de televisión del mismo nombre a la que Zelenski debe su popularidad, obtuvo la mayoría absoluta en el Parlamento con el 43% de los votos. La campaña electoral de Zelenski se basó clásicamente en eslóganes antioligárquicos y anticorrupción, y parte de su victoria se debió a que se presentó como un candidato antisistema frente al presidente en funciones que, una vez más, aprovechó su mandato para aumentar considerablemente su fortuna. Pero Zelenski también se presentó con la promesa de acabar con el conflicto en el Dombás. Con esta votación, los ucranianos rechazaron claramente el programa conservador-nacionalista de Poroshenko, que hizo campaña bajo el lema Ejército, lengua, fe.

En la cuestión del Dombás, Zelenski se vio finalmente obligado a mantener el rumbo de su predecesor, atrapado entre dos fuegos: por un lado, el Kremlin no mostraba ninguna voluntad de hacer concesiones en las negociaciones; por otro, la parte nacional-liberal de la sociedad civil ucraniana se negaba a aceptar un escenario de capitulación ante Rusia y los separatistas. Comenzó su mandato con un intercambio de prisioneros de guerra y la retirada de las tropas ucranianas de algunas ciudades fronterizas con las repúblicas separatistas. Pero la reanudación de las negociaciones con Rusia, cuando Zelenski se reunió con Putin en París en diciembre de 2019, fue recibida con manifestaciones en Kiev apoyadas por partidos nacionalistas de la oposición, asociaciones de veteranos y grupos de extrema derecha. En esta nueva ronda de negociaciones, Zelenski no consiguió que las elecciones locales en Dombás fueran precedidas de un desmantelamiento previo de las milicias separatistas, una retirada de las tropas rusas y la vuelta al control ucraniano de la frontera oriental con Rusia. Las negociaciones volvieron a bloquearse y el Kremlin decidió agravar la situación invadiendo Ucrania el 24 de febrero de 2022.

A nivel interno, Zelenski, en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, dio continuidad a la política neoliberal de su predecesor. Con el cambio decisivo de la orientación geopolítica, la estructura de la economía ucraniana cambio gradualmente, disminuyendo la parte de la producción industrial tradicionalmente exportada a Rusia, mientras aumentaba la parte de las materias primas y la producción agrícola exportadas a Europa (Kravchuk, 2016; Kravchuk, 2018). Pero la economía ucraniana está sobreendeudada y depende en gran medida de los préstamos del FMI concedidos a cambio de medidas de austeridad.

En marzo de 2015, el FMI concedió a Ucrania un préstamo de 16.000 millones de euros en el marco de la crisis económica en la que se encontraba inmerso el país desde los sucesos de Maidán y el inicio del conflicto en el Dombás. Las condiciones de este préstamo incluyen tradicionalmente una serie de reformas estructurales para reducir los presupuestos públicos (Dutchak et alii, 2018). Estas reformas incluían el aumento del precio del gas natural para la población, la reducción del número de puestos en la administración pública, el aumento de la edad de jubilación (Chernina Daria, 2017a). La reforma en el ámbito sanitario preveía el cambio en la forma de financiación de las instituciones sanitarias según los principios de autofinanciación y rentabilidad, atacando así el principio de gratuidad y universalidad de la medicina heredado de la Unión Soviética (Chernina, 2017b; Chernina, 2020). Del lado de las y los usuarios, la reforma preveía la generalización de los seguros de salud privados. En materia de educación, las reformas iniciadas en 2014 supusieron la racionalización del sistema mediante la reducción del número de universidades y escuelas a través de cierres y reagrupamientos, con consecuencias deplorables para el acceso a la educación en pueblos y ciudades pequeñas. La reforma del sistema de becas reduce la categoría de los estudiantes que tienen acceso a ellas. Al igual que en el ámbito sanitario, se promovió el principio de la autonomía de las universidades (Muliavka, 2016; Chernina, 2017c). Finalmente, el gobierno de Zelenski aprobó una ley para poner fin a la moratoria sobre la venta de tierras agrícolas que databa de la caída de la URSS. La creación de un verdadero mercado de tierras agrícolas abierto a los inversores extranjeros había sido una condición de los acreedores de Ucrania desde hacía tiempo, pero nunca se implementó hasta 2021 (Soroka, 2019).

Algunas de estas reformas ya se han iniciado parcialmente, otras sólo estaban previstas por los gobiernos anteriores a Maidán. Ucrania lleva pidiendo préstamos al FMI desde los años 90, pero en la práctica ningún gobierno ha aplicado nunca todas sus condiciones por miedo a una situación social explosiva. La crisis política de 2014 y la guerra en el Dombás han dejado por fin el camino libre a estas reformas, permitiendo que se presenten como inevitables, como parte del esfuerzo de la guerra y al esfuerzo de la integración europea.

La situación de las personas desplazadas del Dombás

Según el último censo de 2001, había 7,3 millones de habitantes (el 15% de la población ucraniana) en las regiones de Donetsk y Luhansk. La guerra desencadenada en la primavera de 2014 provocó casi dos millones de refugiados. Según las estadísticas oficiales de 2019, se registraron 1,38 millones de personas desplazadas en Ucrania y varios cientos de miles en Rusia. Oficialmente, la mayoría de las personas desplazadas residían antes de febrero de 2022 en los territorios controlados por el gobierno ucraniano de las regiones de Donetsk (488.000) y Luhansk (217.000), así como en la capital (149.000). De hecho, una gran parte de las personas desplazadas, entre ellos una mayoría de mujeres y pensionistas, han regresado a los territorios ocupados debido a las dificultades para encontrar vivienda, trabajo, acceso a las ayudas sociales, etc. El estatus de desplazado interno les permitía seguir recibiendo los subsidios y las pensiones ucranianas que tenían que buscarse cada mes en el lugar de origen. En mayo de 2019, 1,2 millones de personas habían cruzado la línea en ambas direcciones (Gyidel, 2022: 111).

El Estado ucraniano no sólo no se anticipó a la crisis de los refugiados: seis meses después del inicio de la guerra en Dombás todavía no existía un marco legal para la acogida de las personas desplazadas. La ley que establece el estatus legal de los desplazados internos no se aprobó hasta octubre de 2014. Este estatus permite el acceso a ayudas económicas –en gran medida insuficientes para vivir 2/– y a servicios sociales específicos, pero también restringe los derechos cívicos: las personas desplazadas no pueden votar en las elecciones locales con el pretexto de su inscripción temporal. A pesar de la provisión de una serie de viviendas temporales que pronto se convirtieron en guetos, ha habido un fracaso total en la provisión de viviendas duraderas: sólo 63 familias de los 1,2 millones de personas desplazadas se han beneficiado de ellas. El abandono de los refugiados del Dombás por parte del Estado vino acompañado de su estigmatización por parte de los medios de comunicación y de la desconfianza de una parte de la población ucraniana hacia los posibles separatistas, lo que podría dar lugar en algunos casos a la discriminación en el empleo y en el mercado de alquiler (Gyidel, 2022).

Al mismo tiempo, se crearon decenas de organizaciones de voluntarios, incluidas las creadas por las propias personas desplazadas, como la organización Vostok SOS, para asumir las funciones del Estado: ayuda humanitaria, ayuda para encontrar vivienda y trabajo, asistencia en los trámites administrativos, apoyo jurídico. En general, Maidán ha tenido el efecto de aumentar significativamente la participación ciudadana en un contexto de falta de confianza en el Estado y de constatación de su incapacidad para resolver los problemas humanitarios urgentes. A este respecto, se observa un cambio en comparación con las décadas anteriores. Frente a la desafección del Estado social, los años noventa se caracterizaron más bien por estrategias individuales de sobrevivencia despolitizada, limitadas a los estrechos círculos de la esfera privada, mientras que la era post-Maidán se ha caracterizado por la constitución de una vasta red de iniciativas de solidaridad ciudadana a escala del conjunto de la sociedad.

También están surgiendo importantes iniciativas de solidaridad en apoyo de los combatientes y veteranos del Dombás. En el momento del estallido del conflicto, el ejército ucraniano está muy empobrecido, mal equipado y poco entrenado. En abril de 2014, solo el 4% de los soldados disponía de equipos de protección básicos, como cascos y chalecos antibalas. Para paliar la situación, se formaron más de treinta batallones de voluntarios para reforzar el ejército regular. En aquella época, la existencia de estos batallones se basaba únicamente en iniciativas de solidaridad voluntaria que proporcionaban uniformes, equipamiento y medios de subsistencia a los combatientes (Stepaniuk, 2022). Estas prácticas de solidaridad se han ampliado hoy en día: mientras que la ayuda occidental se materializa sobre todo en forma de armamento pesado, el ejército y las unidades de defensa territorial siguen recurriendo a la movilización masiva de la ciudadanía para adquirir equipos básicos de protección, medicamentos, drones, coches, etc.

El problema de la extrema derecha

La cuestión de los batallones de voluntarios nos remite naturalmente al tema de la extrema derecha en el ejército ucraniano, ya que el batallón Azov ha recibido una atención mediática desproporcionada tanto en los medios rusos como en la literatura antiimperialista occidental. Este asunto se ha convertido en el tema partidista por excelencia. La invasión de Ucrania el 24 de febrero fue presentada por Putin como una campaña de desnazificación, siguiendo la estela de las tesis del golpe fascista promovidas ya en 2014 para desacreditar el levantamiento popular contra Yanukovich con el pretexto de la presencia de grupos de extrema derecha en las manifestaciones.

Lamentablemente, una parte de la izquierda internacional ha asumido acríticamente la retórica propagandística del régimen de Putin. Por eso, cuando se intenta apelar a la solidaridad internacional con la resistencia ucraniana, es muy tentador retorcer el palo en la otra dirección, llegando a negar la existencia de la extrema derecha en Ucrania, o al menos a minimizar la extensión de sus redes dentro de la sociedad y las instituciones. Esa estrategia de contra-propaganda, adoptada por las fuerzas nacional-liberales, no debería ser la nuestra. Se trata de tener una visión realista de todos los componentes de la resistencia armada, sin por tanto condicionar nuestro apoyo a la resistencia del pueblo ucraniano al predominio de una pura línea de clase en su seno. El ascenso de la extrema derecha es nuestro gran peligro común hoy en día, tanto en Ucrania como en otros lugares, y la izquierda francesa está sin duda muy bien situada para saberlo. Para una izquierda internacionalista que no pierda la esperanza y la convicción de la necesidad de grandes transformaciones sociales a escala planetaria, el reto es no abandonar al pueblo ucraniano con el pretexto de que hay un puñado de neonazis en las filas del ejército, sino reflexionar sobre cómo la solidaridad con el movimiento popular antiimperialista, y en particular con su franja anticapitalista, sindicalista, feminista y antirracista, puede contribuir a marginar a la extrema derecha y preparar el terreno para la reanudación de las luchas sociales sobre una base progresista.

Para ello, primero debemos entender la especificidad de la extrema derecha en Ucrania. En Maidán las agrupaciones neonazis eran una minoría, pero una minoría que era la mejor organizada y la mejor preparada para la confrontación violenta con las fuerzas del orden, lo que les dio una gran visibilidad en el seno del movimiento. Pero, a diferencia de Francia, la extrema derecha institucional no ha tenido ningún éxito electoral desde 2012. El partido Svoboda cayó del 12% de los votos en las elecciones parlamentarias de 2012 al 4% en 2014, y luego al 2% en 2019. Esto se debe, en parte, a que en el contexto post-Maidán, todo el campo político se ha desplazado considerablemente hacia la derecha, y la retórica patriótico-nacionalista de los partidos de extrema derecha se ha banalizado ante la amenaza rusa. Pero esta dinámica electoral también pone de manifiesto la falta de hegemonía de la extrema derecha en la Ucrania contemporánea, ya que su ideología está en abierta contradicción con las orientaciones pro-europeas de la franja mayoritaria del campo de Maidán y con las profundas preocupaciones por la justicia política, económica y social de gran parte de la población. El peligro que representan sus diversas organizaciones reside más bien en su orientación hacia la violencia callejera y la extensión de sus redes a las instituciones represivas.

Por poner algunos ejemplos, Azov no es solo el nombre de un batallón, es el nombre de una red de estructuras y proyectos de todo tipo: en 2016, forma el Partido del Cuerpo Nacional, dirige su propia organización de veteranos, tiene sus propias secciones deportivas, campamentos de verano y su organización paramilitar, Milicias Nacionales (Gorbach, 2018). La organización S14 también ha formado un grupo paramilitar llamado Guardia Municipal, financiado oficialmente por el Ayuntamiento de Kiev, que le delega durante la crisis de la covid-19 ciertas funciones de vigilancia y policía en apoyo de la policía municipal.

Según los informes del grupo de investigación Marker Monitoring Group, las primeras víctimas de la violencia de extrema derecha son las militantes feministas y LGBTQ+, así como los y las militantes de extrema izquierda. Organizaciones como S14, Cuerpo Nacional, Sector de Derecha, atacan sistemáticamente las manifestaciones del 8 de marzo, las marchas del Orgullo, las conferencias y exposiciones sobre temas de izquierda, etc. Se han producido numerosas agresiones contra la comunidad romaní, la comunidad judía o los memoriales del Holocausto, las personas consideradas marginales, especialmente las sin techo, los opositores políticos y los periodistas considerados insuficientemente patrióticos, todo ello con la relativa indiferencia por parte de las fuerzas del orden (Marker Monitoring Group, 2021; 2022).

La participación activa de los nacionalistas radicales en la resistencia armada contra la invasión rusa contribuye a la legitimación de sus organizaciones. Al mismo tiempo, dentro de las formaciones armadas conocidas como neonazis, sólo una minoría se adhiere realmente a la ideología de su núcleo. Como muestra la investigación de Coline Maestracci, que ha realizado decenas de entrevistas con combatientes de Azov, las personas que buscaron unirse a partir de 2014 se sintieron atraídos principalmente por la eficacia del batallón en la lucha contra la agresión rusa (Maestracci, 2022).

La izquierda ucraniana frente a la guerra

Dada la complejidad de las cuestiones en juego, no es de extrañar que la izquierda ucraniana se haya encontrado muy dividida ante los acontecimientos que se han desarrollado desde noviembre de 2013 hasta la primavera de 2014 y más allá. Pero, antes que nada, hay que determinar de qué organizaciones estamos hablando, ya que algunos partidos que dicen formar parte de esta familia política hace tiempo que perdieron el contacto con cualquier agenda emancipadora.

Es el caso del Partido Comunista de Ucrania, sucesor del PC soviético, que mantuvo una fuerte posición hasta principios de la década de 2000. En 1998, el PC obtuvo el 25% de los votos en las elecciones legislativas y en 1999 su candidato Petro Symonenko se enfrentó a Leonid Kuchma en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Sin embargo, desde la proclamación de la independencia de Ucrania, este partido nunca ha sido un partido anticapitalista y progresista. A lo sumo, jugó con la nostalgia de su electorado por la URSS, promoviendo un conservadurismo social que en los años 90 formaba el consenso entre las élites políticas que buscaban mitigar los efectos sociales de las privatizaciones salvajes. Básicamente, el PC representaba un cómodo partido de oposición que permitía canalizar el descontento social sin suponer una amenaza real para el poder oligárquico vigente. Efectivamente, la dirección del partido forma parte de la clase dirigente, participando de sus patrones de corrupción y acumulando confortables fortunas. Por las razones ya mencionadas, la polarización política en torno al eje pro-ruso frente al pro-ucraniano/pro-europeo contribuye a la marginación del PC. Bajo el mandato de Yanukovich, el PC formó una coalición con el partido en el poder, en particular votando a favor de las leyes represivas de enero de 2014. Durante el Maidán, junto con otros partidos y organizaciones pro-rusos, el PC participó en la organización de contramanifestaciones en Kiev y otras ciudades del este y el sur de Ucrania. Los dirigentes comunistas locales aprobaron el uso de la fuerza por parte de la policía antidisturbios para dispersar las manifestaciones, haciéndose eco del discurso propagandístico ruso sobre el golpe fascista y rechazando los valores europeos con consignas homófobas y racistas. Según Denys Gorbach, el PC ucraniano está ideológicamente más cerca de los partidos populistas de derechas, como el Rassemblement National, que de los partidos progresistas de izquierdas, mezclando el proteccionismo económico y el discurso sobre la superioridad de los eslavos con discursos natalistas, anti-LGBTQ+ y pro Iglesia Ortodoxa (Gorbach, 2016). Las mismas conclusiones pueden sacarse sobre el Partido Socialista de Ucrania y el Partido Socialista Progresista de Ucrania. En este contexto, es fácil entender por qué el ucraniano medio se declara hoy anticomunista: no porque las clases trabajadoras renuncien definitivamente al ideal de justicia social, sino porque el comunismo se asocia principalmente con el nacionalismo pro-ruso, el Estado policial, el conservadurismo social y el culto a Stalin. Tras la caída de Yanukovich, los símbolos y la retórica del PC caen bajo las leyes de descomunización aprobadas en mayo de 2015, pero el partido sigue presentando a sus miembros individuales en las elecciones locales. Está permanentemente prohibido tras la invasión de Ucrania, junto con otros partidos pro-rusos.

La nueva izquierda, independiente de los partidos institucionales, estaba profundamente dividida. En primer lugar, sobre el análisis de Maidán y, en segundo lugar, sobre la guerra en el Dombás. Por un lado, el partido estalinista Borotba (Lucha) no veía en el Maidán más que una revuelta de la pequeña burguesía nacional-liberal. Borotba acabó poniéndose del lado de los anti-Maidán en las ciudades del este y del sur, cuyas primeras manifestaciones estuvieron marcadas por una mezcla ecléctica de eslóganes comunistas, pan-rusos y clericales. Varios activistas de este partido murieron en el trágico incendio de la casa sindical de Odessa en mayo de 2014. En la actualidad, algunos de sus activistas siguen viviendo en Donetsk. Algunos han sido detenidos por los poderes separatistas, otros se han vuelto abiertamente pro-Putin o se han exiliado a Rusia.

Por otro lado, algunos nacionalistas de izquierdas se unieron a los batallones de voluntarios para luchar contra las fuerzas separatistas, como los activistas de la Resistencia Autónoma (Avtonomny Opir) ya en 2014. Resistencia Autónoma era básicamente un movimiento nacional socialista. Sin embargo, la organización comenzó a moverse hacia la izquierda a partir de 2013, rompiendo con las organizaciones de extrema derecha, y situando la lucha de clases en lugar de la nación en el centro de su análisis político, pero conservando su especificidad ucraniana occidental con una fuerte dimensión nacionalista (Gorbach, 2015). Desarrolla una ideología y actividad eclécticas, que combinan la glorificación de la organización nacionalista ucraniana de Stepan Bandera y la participación en las marchas de las antorchas con la organización de las marchas en memoria de Néstor Makhno [revolucionario anarco-comunista ucraniano de origen campesino, que tuvo una gran influencia entre las masas campesinas y proletarias ucranianas, fue duramente reprimido y mantuvo tanto alianzas como enfrentamientos con los bolcheviques durante la guerra civil consecutiva a la revolución de octubre de 1917; ndt] y la participación en las manifestaciones del 1 de mayo y las manifestaciones sindicales.

La izquierda radical progresista, con la ambición de aglutinar diferentes iniciativas de base socialistas, feministas, sindicalistas, ecologistas y antirracistas, está representada en Ucrania por una organización llamada Movimiento Social (Sotsialnyi Rukh). Fue lanzada en 2015 por la organización trotskista Oposición de Izquierda, que a su vez salió de la Organización de los Marxistas, donde estuvo junto a Borotba hasta 2011. El Movimiento Social forma parte de la izquierda radical que en su momento dio un apoyo crítico al Maidán, identificando entre las clases trabajadoras que participaron en las manifestaciones el deseo de justicia: justicia en el sentido de respeto a la ley por parte de las propias clases dominantes que la hacen, pero también en el sentido de justicia social. Sus activistas participaron en las manifestaciones y se implicaron en múltiples iniciativas ciudadanas. La federación anarcosindicalista Unión Autónoma de Trabajadores y el sindicato estudiantil Acción Directa también participaron en los acontecimientos de Maidán, organizando acciones propias, como la ocupación del Ministerio de Educación.

Dada la complejidad de la situación en el Dombás, las posiciones de esta izquierda sobre la guerra estuvieron sin embargo marcadas por una cierta vacilación. Por un lado, al tiempo que subrayaban la responsabilidad de Rusia en el estallido de la lucha armada, expresaron su oposición a las franjas más belicosas de la sociedad ucraniana y a su proyecto nacionalista excluyente, esperando que se pudiera encontrar una solución diplomática para la reintegración pacífica e inclusiva de Dombás y Crimea sobre la base de un diálogo con las poblaciones locales, por un lado, y de condiciones que permitirían a Ucrania en su conjunto mantener su independencia de Rusia, por otro.

Por otro lado, la izquierda radical también se cuidó de defender el derrotismo revolucionario y de criticar duramente la operación antiterrorista contra las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, que entretanto se han convertido en territorios de no derecho bajo la total dependencia de Rusia. Durante estos años, la actividad del Movimiento Social se han centrado principalmente en la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal, las reformas neoliberales y las privatizaciones, los ataques a los derechos de los trabajadores, y por el avance de los derechos de las personas LGBTQ+ y la agenda ecologista. La organización tiene contactos privilegiados con los sindicatos independientes y a menudo ha acudido en apoyo de los movimientos de huelga de los y las trabajadores de la sanidad, el transporte o la minería, por ejemplo.

La invasión de Ucrania marca un nuevo punto de inflexión que entierra cualquier plan de negociaciones de paz en el formato de los acuerdos de Minsk. Ahora está claro que el régimen de Putin no retrocederá en su deseo de subyugar a Ucrania a menos que sufra una derrota en el frente militar. A partir de febrero de 2022, las organizaciones de la izquierda radical se han comprometido decididamente en la resistencia contra la ocupación, uniéndose al impulso popular general para defender el derecho de la sociedad ucraniana a la existencia y a la autodeterminación.

• Este texto es la transcripción de la intervención de Daria Saburova en el taller sobre Ucrania que tuvo lugar en la Universidad de Verano del NPA